Al igual que en el caso catalán esta tasa podría vulnerar algunos de los principios incluidos en normativas básicas estatales y genera un perjuicio evidente a los pacientes madrileños (como antes a los catalanes) que, a diferencia de los habitantes de otras zonas del Estado, se verán obligados a abonar un dinero adicional por sus medicamentos.
Al mismo tiempo, la medida del Gobierno madrileño insiste en el error de la experiencia catalana de trasladar una imagen del farmacéutico comunitario como recaudador, muy alejada de su perfil profesional de sanitario cualificado, lo que puede dañar la relación de confianza de este colectivo con sus pacientes.
La aplicación de esta tasa (que se suma al nuevo copago y la desfinanciación de algunos medicamentos) puede generar problemas relacionados con el incumplimiento terapéutico en pacientes vulnerables.
Ante esta situación, SEFAC ha solicitado a la Comunidad de Madrid que reconsidere su planteamiento antes de que la medida entre en vigor en enero de 2013 y que, en caso de aplicarse definitivamente, se haga un seguimiento para evaluar si su funcionamiento tiene impacto en la adherencia terapéutica y la morbimortalidad y, en caso de ser así, se retire su implantación. FV
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