La medida ha contado con el rechazo del resto de partidos políticos y su seguimiento ha sido irregular por parte de las diferentes comunidades autónomas.
Las comunidades socialistas de Andalucía, País Vasco y Asturias, junto con Cataluña y Canarias, anunciaron que seguirán atendiendo a los inmigrantes indocumentados, mientras que el resto de comunidades gobernadas por el PP se han dividido. Dos de ellas (Galicia y Castilla y León) han anunciado que seguirán prestando la misma atención y las otras nueve (Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares, Cantabria y La Rioja) seguirán al pie de la letra la medida, atendiendo a los inmigrantes, pero cobrando el servicio.
En el caso de que alguien sin papeles ya estuviera recibiendo algún tratamiento crónico, fuentes del Ministerio aseguran que seguirá siendo atendido. FV
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