La reciente aprobación de la enmienda a la Ley de creación de la Agencia de Salud Pública, que introduce el concepto de “cesión” de medicamentos veterinarios, ha sido acogida con entusiasmo por parte del colectivo veterinario. Sin embargo, esta modificación no altera los principios legales que regulan la dispensación de medicamentos en España, recuerda Enrique Granda en su comentario editorial del Observatorio del Medicamento.
Granda subraya que la farmacia ha sido históricamente garante de calidad, seguridad y legalidad en el suministro de fármacos, incluidos los de uso veterinario. Sustituir ese modelo por un sistema de “dispensación encubierta” en las consultas veterinarias —advierte— supone ignorar tanto la legislación vigente como el papel profesional de los farmacéuticos.
La llamada “cesión” no deroga ni la Ley de Garantías ni el Real Decreto 1157/2021, que establecen el circuito legal del medicamento veterinario. España, a diferencia de otros países europeos, define a las clínicas veterinarias como centros asistenciales sujetos a registro, inspección y control, y no como puntos de venta minorista de fármacos. Intentar convertir en norma lo que hasta ahora era solo una práctica tolerada es, según Granda, una interpretación abusiva.
El argumento de que la cesión fraccionada evita desperdicio no puede justificar un modelo que difumina responsabilidades. La dispensación es mucho más que entregar una caja: incluye trazabilidad, control de estupefacientes, farmacovigilancia y asesoramiento profesional. Estos elementos forman parte inseparable de la función farmacéutica y no pueden delegarse sin comprometer la seguridad del sistema.
Desde la perspectiva “One Health”, médicos, farmacéuticos y veterinarios deben colaborar, pero colaboración no significa invasión de competencias. Para Granda, el entusiasmo de algunos sectores veterinarios pasa por alto un hecho esencial: la enmienda no cierra el debate, sino que abre una etapa de vigilancia e incluso de posibles impugnaciones jurídicas.
“La profesión farmacéutica seguirá defendiendo su papel, no por interés corporativo, sino porque de ello dependen la seguridad de los tratamientos, el control de resistencias antimicrobianas y el cumplimiento de las normas que protegen la salud pública. La tradición, la ley y la experiencia nos avalan”, concluye Enrique Granda.
Su advertencia final es clara: en salud no hay victorias definitivas; esta batalla no ha terminado, sino que acaba de empezar.
