La Sociedad Española de Farmacia Rural (SEFAR), la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC), la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) y la Asociación de Farmacéuticos para el Buen Uso del Medicamento Veterinario (ASFARVET) han emitido un comunicado conjunto en relación con la enmienda transaccional aprobada el pasado 19 de junio en el Congreso de los Diputados, que afecta a la cesión de medicamentos de uso animal por parte de los veterinarios.
Las entidades firmantes han realizado las siguientes puntualizaciones:
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La cesión de medicamentos de uso animal por parte del veterinario, sin ningún ánimo de lucro, durante el acto clínico y siempre que concurran circunstancias específicas de dificultad de acceso al tratamiento, ya viene contemplada en el artículo 37 del Real Decreto 666/2023, por lo que no consideran necesaria ninguna modificación adicional.
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Según señalan, si actualmente existen dificultades en el acceso a estos medicamentos a través de las 22.222 farmacias comunitarias del país —establecimientos cuya implantación, capacidad de abastecimiento y capilaridad geográfica superan a cualquier otro recurso sanitario—, ello se debe al descontrol previo en la venta y distribución de este tipo de productos, así como a su escasa prescripción por parte de los veterinarios.
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Las organizaciones denuncian campañas de desinformación posteriores a la aprobación del citado decreto, que buscan modificar la legislación vigente en contra de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. Subrayan que esta ley prohíbe que el prescriptor tenga intereses directos en la venta de medicamentos, y consideran que dichas campañas responden a intereses económicos particulares, generando un daño reputacional injustificado a la Farmacia Comunitaria.
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Recuerdan que los farmacéuticos son los profesionales con competencias legalmente reconocidas para todas las fases del medicamento, tanto humano como veterinario —incluyendo investigación, elaboración, distribución, manipulación y dispensación—, y que, al igual que no están legalmente autorizados para diagnosticar o prescribir, otros profesionales no están facultados para dispensar.
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Lamentan que, pese a las reiteradas advertencias de diversas entidades farmacéuticas a los representantes institucionales sobre malas prácticas en la venta y dispensación de medicamentos veterinarios, no se haya dado respuesta ni solución a esta problemática, cuyos efectos pueden repercutir en la salud de animales y personas.
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Critican el actual silencio institucional sobre este asunto y recuerdan que entre las funciones de dichas instituciones está la defensa de los derechos de sus colegiados, así como el cumplimiento de la legislación sanitaria y farmacéutica. Consideran que esta actitud representa una dejación de responsabilidades y exigen una actuación inmediata y pública, en línea con otras intervenciones realizadas con anterioridad en distintos ámbitos.
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Finalmente, hacen un llamamiento a todas las profesiones sanitarias para que trabajen de manera coordinada, respetando las competencias de cada una, con el objetivo de proteger la salud pública, garantizar el uso adecuado de los medicamentos y frenar la propagación de resistencias antimicrobianas.
