Ante la inminente entrada en vigor de la reducción de jornada laboral, a 37,5 horas semanales, anunciada por el Gobierno, los empresarios farmacéuticos en su Observatorio del Medicamento señalan que ello lleva aparejado un incremento de los costes laborales de un 6,5% lo cual ha de tenerse en cuenta en la negociación del próximo convenio colectivo en lo que se refiere a permisos, por ejemplo.
El presidente de FEFE, Luis de Palacio dice que “lo lógico es que a cambio de la reducción de horas se adopten medidas para controlar el absentismo laboral y mayor flexibilidad para el empresario titular de la farmacia”.
El editor Enrique Granda en su comentario editorial destaca que “aunque algunos economistas y sociólogos encuentran ventajas en la reducción de la jornada laboral en las grandes empresas, es indudable que, en las pequeñas, aumenta los costes laborales; lleva a una menor flexibilidad operativa como en la hostelería o el pequeño comercio; introduce desafíos en la organización del trabajo y reduce la competitividad, todas ellas aplicables a las oficinas de farmacia”.
“La CEOE, se ha esforzado en tratar de impedir algo que está fuera de la negociación colectiva que, por cierto, recoge la Constitución en su artículo 37 y ha aportado numerosos argumentos, entre ellos, la falta de una memoria económica, pero se ha topado con una imposición propia de un país alejado de usos y costumbres democráticos. En cualquier caso, y por estudios internos de la CEOE, la nueva reglamentación horaria afecta principalmente a las pequeñas empresas, como es nuestro caso”.
“En el presente año la jornada anual según la negociación colectiva debería pasar de las 1.785 horas a las 1.687,5 y, aunque se haga de forma paulatina, tiene un impacto directo en las mejoras salariales a negociar, ya que esta reducción de horas se traduce un incremento del coste del 6,5%, algo muy alejado de los incrementos previstos en función de la inflación y otros. En cualquier caso, esta medida puede romper el proceso de negociación del XXVI Convenio Colectivo en el que se estaba tratando de avanzar”.
“Esta nueva imposición en el horario laboral –finaliza Granda-- representa un retroceso económico para nuestro sector, que sigue pagando deducciones y descuentos, sin que casi nadie se acuerde que el año que acabamos de terminar aportamos casi 600 millones de euros a la sanidad pública, además de todos nuestros impuestos a Hacienda y cotizaciones a la Seguridad Social.
