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Noruega, el ejemplo a seguir por España en cuanto a regulación de los profesionales de la Osteopatía, según COFENAT

El Consejo de Ministros noruego ha aprobado la Proposición 236: L, ‘Modificaciones a la Ley de Personal de Salud (autorización de naturópatas, osteópatas y paramédicos)’, que entrará en vigor el 1 de mayo de 2022. Este texto regula el ejercicio profesional en Osteopatía como personal sanitario que los profesionales del sector venían reclamando desde hace años.

“Esto implica que, a partir de mayo, los osteópatas cualificados recibirán un número de personal sanitario (HPR), al igual que el resto del personal sanitario autorizado. Para los pacientes, esto aporta la seguridad de que la persona que ostenta el título de ‘osteópata’ tiene la competencia necesaria”, asegura el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales (COFENAT), Roberto San Antonio-Abad.El presidente de Cofenat reclama la regulación en España, necesaria, según explica, para otorgarles el lugar que les corresponde equiparándolos a otros profesionales sanitarios. Denuncia que hasta la fecha las diferentes administraciones sanitarias en España se han opuesto a la regulación “mirando por sus propios intereses y no los de la ciudadanía”. 

Además, señala que numerosas asociaciones de pacientes crónicos en Noruega han demandado la creación de un cuerpo regulado de profesionales como una ayuda más al tratamiento que puedan seguir con otros profesionales sanitarios. “Las personas que padecen dolor crónico son conscientes y conocedoras de las múltiples ventajas que ofrece un cuerpo de profesionales osteópatas regulados mediante un trabajo multidisciplinar con otros profesionales sanitarios”, hace hincapié San Antonio-Abad.

“Esta regulación no necesariamente debe incluirse automáticamente en la cartera de servicios de la sanidad pública, pero es preciso ahora empezar a trabajar para regular la profesión y sus correspondientes estudios, para que los osteópatas tengan una formación suficiente y reglada con el fin de que se pueda ofrecer una seguridad jurídica, tanto a los pacientes como a los profesionales. Esto no existe en España y todo es por una falta de voluntad política”, concluye Roberto San Antonio-Abad.

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