La evolución de la medicina de precisión ofrece nuevas estrategias terapéuticas y oportunidades para enfermedades oncológicas que hasta no hace mucho carecían de tratamientos eficaces. Sin embargo, el nivel de acceso de los pacientes en España a estos tratamientos innovadores ha empeorado en los últimos años y no está al nivel de los países de referencia en Europa, como Francia, Alemania o Italia. “Tenemos un problema estructural en el procedimiento de evaluación y financiación, que no es tan ágil como el de estos países con los que nos debemos comparar”. Así lo destacó este martes el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, en la jornada Cancer Now, organizada vía telemática por la Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología (ECO).
Por este motivo, Arnés afirmó que nuestro país debe considerar el acceso a la innovación en medicamentos “como una prioridad y una oportunidad”. Un acceso rápido a la innovación, explicó, es fundamental desde el punto de vista sanitario, económico y social. “Sanitario, porque un acceso inadecuado limita los instrumentos que los médicos tienen a su disposición y perjudica a los pacientes, primeros beneficiarios de las aportaciones en términos de resultados en salud y calidad de vida que implican los nuevos medicamentos”, señaló. “Y económico y social -añadió- porque la innovación, como demuestra la evidencia científica, genera eficiencia. Sabemos que cada euro invertido en medicamentos ahorra entre 2 y 7 en otras prestaciones sanitarias, que cada euro invertido en investigación en salud genera 1,6 en valor añadido, y que la innovación en medicamentos proporciona ahorros en otros cuidados de tipo sociosanitario y aumento de la productividad”.
Para reducir el retraso actual en el acceso a la innovación de los pacientes en España, el director general de Farmaindustria considera necesario introducir mejoras en el proceso de evaluación y financiación de los nuevos fármacos: “Estamos ante un problema estructural y, por tanto, es necesario mejorar el procedimiento de evaluación y financiación de nuevos medicamentos para que las evaluaciones sean más agiles, rápidas, objetivas, transparentes y predecibles y, sobre todo, más participativas”.
Propuestas para mejorar el procedimiento de evaluación
En concreto, abogó por introducir cambios en la metodología de los informes de posicionamiento terapéutico (IPT), cuyo objeto es determinar con una base científico-técnica el lugar que un medicamento ocupa en la prestación farmacéutica del sistema sanitario y su comparación con alternativas terapéuticas para la misma patología en que está indicado. “El Plan de consolidación de los IPT, que mezcla la evaluación clínica y la económica de un medicamento, no funcionan bien -sostiene-. Tiene muchas debilidades; de hecho, altera el procedimiento de financiación y fijación de precio, ya que queda supeditado a la finalización de las dos evaluaciones, y no se cumplen plazos. En estos momentos hay más de cien IPT pendientes, con una espera media de más de 450 días (cuando la normativa europea da un máximo de 180 días)”.
“La evaluación clínica del medicamento y la económica no deben estar mezcladas -aseveró en la jornada de la Fundación ECO-. Deben ser dos procedimientos separados e independientes. Esta mezcla es una fuente de confusión”. “La evaluación clínica de un producto tiene utilidad en sí misma, puesto que es la que determina su aportación terapéutica -añadió-; el posicionamiento terapéutico depende del valor clínico. Eso no quiere decir que no se haga una evaluación económica del medicamento para tomar una decisión sobre su financiación, una evaluación que ponga en común el beneficio clínico añadido de un nuevo medicamento con el coste adicional que implica, pero debe hacerse en un procedimiento distinto, de forma que no distorsione el posicionamiento terapéutico”.
Esta evaluación, señaló, “debe hacerse con una metodología diferente a la actual, que tiene claras carencias. Por ejemplo, la evaluación económica no se hace desde una perspectiva social, incorporando todos los beneficios y costes sanitarios y no sanitarios; contempla sólo el impacto sobre el presupuesto farmacéutico”.
Por otro lado, Arnés hizo hincapié en la necesidad de asegurar una participación real de clínicos y pacientes. “Sólo se produce después de que esté muy avanzado el IPT, con lo que ya prácticamente es imposible modificarlo sustancialmente -explicó-. La elaboración de los IPT ha de estar confiada a profesionales de prestigio en cada campo específico y contar con la colaboración desde el principio de las sociedades científicas”.
“En fin, la metodología del nuevo Plan de IPT está pensada para un comprador de medicamentos y no para un regulador del precio para el conjunto del país -concluyó-. Si aspiramos a que se realicen IPT de todos los medicamentos y nuevas indicaciones y a que no se avance con el trámite de financiación mientras no estén finalizados, estaremos contribuyendo al cuello de botella actual para el acceso de las innovaciones”.
El director general de Farmaindustria, que urgió a lograr cuanto antes un sólido sistema de evaluación terapéutica y económica de los nuevos medicamentos para garantizar a los pacientes el mejor acceso a las terapias que aportan valor y poder tomar decisiones informadas de precio y financiación, insistió en la actitud de diálogo permanente por parte de la industria para trabajar con la Administración en este objetivo.
Junto al director general de Farmaindustria, en la mesa de debate en torno al acceso a la innovación también intervinieron Enrique Aranda, jefe de Oncología del Hospital Reina Sofía, de Córdoba; José Luis Poveda, jefe del Servicio de Farmacia del Hospital la Fe, de Valencia; Eduardo Díaz Rubio, presidente de la Real Academia Nacional de Medicina, y Begoña Barragán, presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Gepac).
