Para la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) si este modelo propuesto por el Ministerio de Economía se impusiera los principales perjudicados serían los pacientes y ciudadanos, y la Administración perdería el control del sistema entregándolo a los únicos beneficiados de esta iniciativa que serían las grandes corporaciones multinacionales y holdings empresariales.
Desde FEFE se afirma que con el cambio de modelo no se aumentará la competitividad en el sector (ya que está regulado por el gobierno en precios y márgenes) y, sin embargo, se romperá la cohesión social y territorial existente actualmente. El modelo pretendido no llevaría a la liberalización del sector, sino a una concentración del mismo con establecimientos localizados en núcleos rentables y llevando a la desaparición de aquellas farmacias de poco interés mercantil y donde la densidad de población no es elevada. Se pondría en riesgo la calidad de los servicios y generaría desigualdades en las condiciones de acceso al medicamento por los pacientes. Según estimaciones de FEFE si esta iniciativa legislativa llega a realizarse tres de cada cuatro farmacias cerrarían y se pondría en riesgo la continuidad de 22.000 autónomos y 60.000 puestos de trabajo directos.
En palabras de Fernando Redondo, Presidente de FEFE, “la oficina de farmacia no es un servicio profesional, sino que es un servicio de interés general donde prima la salud pública. Los que pretenden este tipo de desregulación, anteponen las políticas de mercado a la protección de la salud de los ciudadanos y someten al medicamento a criterios de rentabilidad y no de salud”. FV
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