En lo que respecta al área fiscal, Alejandro Briales, director general y responsable del departamento Fiscal, indica que 2020 se ha tratado de un ejercicio en el que no hemos contado con novedades muy significativas para el sector a pesar de la situación excepcional que hemos vivido. Sin embargo, cerramos 2020 con dos noticias relevantes para la farmacia:
El comprador de una Oficina de Farmacia tendrá que abonar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados sobre el valor de la licencia que adquiera. Tal y como lo determinó el Tribunal Supremo según sentencia del 26 de noviembre de 2020.
Además, por otro lado, "hay que tener en cuenta los nuevos Presupuestos generales del Estado fijándonos, sobre todo, en torno a dos impuestos: el de Patrimonio y el IRPF".
o En el IRPF "se incluye un incremento de 2 puntos porcentuales para las bases liquidables que sean superiores a 300.000€. Con lo cual, si las Comunidades Autónomas no modificas en sus tarifas, se llegaría a unos marginales máximos de entre 45,5 y 51,5%. Sin embargo, por regla general estos beneficios no se verán afectados dado el importe tan elevado del nuevo tramo".
o Asimismo, "se incluye un incremento de 3 puntos porcentuales en la tarifa del ahorro para ganancias superiores a 200.000€, pasando el marginal de 23 a 26%". Como apunta Alejandro Briales, "esta subida no ha sido tan elevada como se esperaba, pues se creía que el marginal experimentaría una subida del 27%". Es importante tener en cuenta esta escala porque es donde tributaría la venta de la oficina de farmacia en caso de producirse.
o También, "se rebajará la aportación máxima a planes de pensiones individuales de 8.000 a 2.000€, subiendo el límite conjunto de aportaciones individuales y de planes de empleo de 8.000 a 10.000€".
o Finalmente, Alejandro Briales explica que tal y como se contempla en los Presupuestos Generales del Estado, en lo referente al impuesto sobre el patrimonio "se subirá el marginal máximo de la tarifa estatal del 2,5 al 3,5%". "Sin embargo, esto sólo tendrá el efecto que quieran que tenga las Comunidades Autónomas porque la capacidad normativa de las mismas alcanza a la propia tarifa, así como a deducciones y bonificaciones”.
