El Ministerio de Economía ha presentado un borrador de anteproyecto de Ley Reguladora de los Servicios Profesionales, en la que se incluye la posible rotura del binomio actual propiedad/titularidad para las oficinas de farmacia. De salir adelante, los principales perjudicados serían los pacientes y ciudadanos. Ante la noticia, una de las primeras preguntas que viene a la mente es acerca de las ventajas que traería el posible nuevo modelo que propone el Ministerio de Economía y quién ganaría con el modelo. Lo primero es indicar el porqué intentar destruir un modelo de farmacia que funciona, que es de los mejor valorados en todo el mundo, que es eficaz, que es de los más baratos y que alcanza altas cotas de calidad en continua mejora. Además la Directiva de Servicios en la que se apoya el anteproyecto excluye expresamente a los servicios sanitarios y concretamente a los farmacéuticos.
La propuesta perjudicará enormemente a los usuarios, los ciudadanos, que verán como desaparece el modelo asistencial farmacéutico de proximidad y de calidad y se va sustituyendo por farmacias concentradas en zonas de interés mercantil en un proceso de integración vertical donde los intereses comerciales y de rentabilidad primen sobre los criterios de salud del farmacéutico empleado, reflexión que recoge el Alto Tribunal Europeo. En este escenario la ausencia de prestación farmacéutica en lugares de escaso interés mercantil está servida y sólo hay que echar una mirada a lo que ha ocurrido en otros países.
Perjudicará al propio Estado ya que irá cediendo poder de decisión en un bien esencial como el medicamento a favor de los grandes grupos económicos que una vez acaparado el mercado irán imponiendo sus condiciones basadas lógicamente en criterios de rentabilidad, no de salud. La obligación del Estado, del Gobierno Español y de los gobiernos de las Comunidades Autónomas es garantizar la salud y para ello debe ejercer las competencias regulatorias y de planificación que les son propias. Y por supuesto no será buena para los farmacéuticos, no sólo porque verán esfumarse sus perspectivas y esfuerzos de su vida profesional, sino porque se entregarán las competencias profesionales a grandes corporaciones con riesgo de la extinción de tan valiosa profesión.
Sólo beneficiaría a las grandes corporaciones que no cesan en su empeño de entrar en el mercado del medicamento y que una vez hayan acaparado el mercado empezarán a imponer su ley.
¿Qué hay detrás de esta nueva iniciativa?
Realmente no lo sé, lo puedo imaginar, pero no podría contestar. Lo cierto es que las iniciativas que para ello se llevaron a cabo en Europa fueron desmontadas por el Alto Tribunal Europeo y ahora, ignorando Sentencias e incluso Directivas, se vuelve a plantear lo mismo pero en el ámbito español.
Este modelo que tenemos es similar al que tienen en países de nuestro entorno europeo como Alemania, Francia, Italia y otros nueve países más. A mi juicio no hay ninguna causa que justifique la iniciativa. No aporta nada bueno ni en términos de salud, ni de empleo ni económicos. Otros intereses los desconozco, pero como no interesa al bien común deben ser descartados.
¿Y si se hiciera realidad?
Para saber qué podría ocurrir si la propuesta sale adelante, sólo hace falta echar una mirada a lo que ocurre en otros países donde se hizo, por ejemplo Chile, y pregunten allí qué servicio farmacéutico tienen ahora. Algunos países donde desregularon la farmacia ahora intentan volver a la regulación y claro se encuentran con la eficaz y frontal oposición del poder económico que controla el mercado. Lo que ocurriría sería el peor escenario que podamos imaginar, sobre todo para los ciudadanos que viven en zonas de escaso interés comercial. Y se pondría en riesgo la calidad de los servicios sanitarios porque lógicamente primarían los intereses mercantiles sobre los de salud.
También se generarían desigualdades en las condiciones de acceso al medicamento por los pacientes, a causa de los procesos de concentración en zonas de interés en una integración vertical de grandes corporaciones que asfixiarían económicamente al profesional autónomo independiente. Así las cosas, como ocurre en zonas de Irlanda o Inglaterra habrá gente que tendrá que desplazarse en el entorno de 60 km para conseguir su medicación.
Poco podemos hacer, pero lógicamente nos defenderemos porque amamos nuestra profesión para la que nos hemos preparado y seguimos preparándonos. La mejor defensa es que los ciudadanos conozcan la verdad, que no se entreguen a dogmas como los que afirman que la liberalización aumenta la competitividad, abarata los precios y genera empleo, porque todos sabemos por experiencia que esto no es así, miren lo que ha pasado con gasolineras, electricidad… Precisamente estas grandes corporaciones consiguen rendimientos a costa de reducir empleo y salarios, a eso lo llaman eficiencia. Una vez conseguido el mercado en términos monopolísticos imponen sus precios y su ley dictatorial de mercado puro y duro, en una posición de dominio. Esperamos que el modelo no se imponga, que impere el sentido común y que no se cometa un error que es prácticamente imposible de subsanar. El Gobierno está a tiempo.
Un modelo regulado y planificado de farmacia
Nuestro modelo de oficina de farmacia, al servicio de la sociedad, en contraposición a las pretensiones liberalizadoras, al servicio del mercado.
1º El modelo español de oficina de farmacia, regulado, planificado y establecido con criterios sanitarios y profesionales, responde mejor a los intereses de todos los ciudadanos y garantiza con inmediatez el acceso al medicamento.
2º La normativa española no trata de regular un “mercado” sino de “prestar un servicio” y, esta normativa, está justificada por razones imperiosas de salud pública. Los que pretenden la liberalización, anteponen las políticas de mercado a la protección de la salud de los ciudadanos y dejan al medicamento bajo criterios de rentabilidad y no de salud.
3º Las filosofías que abogan por una disminución de la intervención del Estado y centran el motor del progreso en la desaparición de los obstáculos que para el mercado representan los servicios públicos, generan y acrecientan las desigualdades entre los ciudadanos. Con ello, millones de ciudadanos que viven en municipios de menos de 5.000 habitantes correrían el riesgo de perder la farmacia que ahora tienen cerca, y los que tienen una población inferior a 1.000 habitantes, correrían el riesgo no solo de quedar sin cobertura farmacéutica sino también sin ningún establecimiento sanitario.
4º La normativa española en materia de planificación, propiedad, apertura y cierre de oficina de farmacia, configura a la farmacia como un servicio económico de interés general, al que le impone obligaciones de servicio universal y servicio público.
5º La Ordenación farmacéutica en España responde al requerimiento constitucional básico de hacer realidad el derecho de todos a la salud, en condiciones de igualdad efectiva. Los modelos regulados y especialmente el español, garantizan la accesibilidad y proximidad, así como la universalidad en la prestación farmacéutica.
6º La planificación y distribución geográfica de las farmacias en España, ha logrado una magnifica capilaridad del tejido farmacéutico, con uno de los mejores ratios de habitantes/oficina de farmacia de toda la Unión Europea. La oferta se adapta a la demanda y ello posibilita que el 99% de población cuente con una oficina de farmacia en su municipio.
7º El mantenimiento de la titularidad-propiedad, como derecho indivisible, en manos del farmacéutico, tiene un fundamento de marcado interés público porque permite el control administrativo, impone obligaciones precisas e impide que principios económicos menoscaben dicho interés, minimizando hasta la práctica inexistencia los riesgos para los usuarios.
8º La contraoferta es un sistema liberalizado, que busca la renta de localización, produce una concentración de los futuros establecimientos en las zonas más rentables, olvida el medio rural o las zonas menos atractivas económicamente y en sus grandes áreas de venta, el medicamento será un producto más y el paciente solo un cliente.
9º Los grandes grupos de distribución necesitan crecer de forma continua para reducir sus costes administrativos y de compras, por lo que adoptan políticas de expansión horizontal y políticas de integración vertical, tomando el control de fabricación o absorbiendo la función de distribución y la población tiene que plegarse a la oferta de los grandes agentes.
10º En un modelo liberalizado, el Estado y las Administraciones Públicas perderían el control de la gestión del medicamento en beneficio del oligopolio, que responde exclusivamente a los intereses de sus accionistas. El modelo español de farmacia y su sistema de gestión, garantiza transparencia y control sanitario y económico permanente por el Estado y sus Administraciones Públicas.
11º La salvaguarda del interés general y la salud pública son los que inspiran la legislación farmacéutica. Y en el ámbito comunitario, el interés general y la salud pública tienen el derecho a una garantía jurídica reforzada, además de la primacía sobre los intereses de contenido exclusivamente económico.
12º No se debe olvidar que conforme al Art. 152 del Tratado de la CE y al principio de subsidiariedad. “La acción comunitaria en el ámbito de la salud pública respetará plenamente las responsabilidades y competencias de los Estados miembros en materia de organización, gestión y prestación de servicios sanitarios y asistencia médica”. FV
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