GeSIDA, Grupo de Estudio del Sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), hace un llamamiento a los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados y en los distintos parlamentos autonómicos con el objetivo de conseguir que el SIDA pase a estar considerada como una enfermedad infecto-transmisible en lugar de infecto-contagiosa, como está calificada actualmente.
Una enfermedad infecto-contagiosa es aquella que puede transmitirse a otra persona, por ejemplo, en el seno de una relación laboral normal, como en el caso de la tuberculosis cuando es bacilífera. En el caso del VIH, cabe recordar que sólo puede transmitirse por contacto con fluidos que contengan el virus (en concreto, sangre, semen, secreciones vaginales o leche materna). Además, una persona correctamente tratada y con el virus controlado prácticamente no es contagiosa. Por este motivo se solicita que la infección por VIH pese a estar considerada como enfermedad infecto-transmisible.
El hecho de que en la actualidad se mantenga la citada calificación errónea, impide que una persona portadora del virus del VIH (se calcula que en España serían entre 130.000 y 160.000 personas) y que se encuentre en buenas condiciones psíquicas o físicas, no pueda acceder a determinados puestos de la administración pública, tales como policía, guardia civil, miembro del Ejército o funcionario de prisiones, al estar incluido el sida entre el listado de enfermedades con exclusión médica. Esta clasificación también imposibilita que personas seropositivas accedan a servicios como centros de día o residencias, entre otros muchos recursos públicos.
“Es una incongruencia que, gracias a los avances médicos, el VIH pueda considerarse hoy prácticamente una enfermedad crónica, y en el ámbito de los derechos sociales y laborales se continúe discriminando a los pacientes”, expone Antonio Rivero, presidente de GeSIDA.
Desde este Grupo de Estudio se insta a aquellas fuerzas políticas con representación parlamentaria en todo el territorio nacional a seguir los pasos dados en el Parlamento de Navarra, donde se ha aprobado (con el voto favorable de todos los grupos excepto el PP, que se abstuvo) una proposición que modifica la ley para la defensa de consumidores y usuarios, de forma que se declaraban nulas y no vinculantes las cláusulas, estipulaciones, condiciones o pactos que excluyeran a una de las partes por tener VIH/sida.
Asimismo, cabe destacar que tanto Ciudadanos, recientemente, como Unidos Podemos, el pasado 1 de diciembre (Día Mundial contra el Sida) han presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley mediante la que solicitaba este cambio de clasificación, retomando así una reclamación que desde hace años vienen realizando distintos colectivos vinculados al ámbito del VIH/sida, entre los que se encuentra GeSIDA, CESIDA (Coordinadora Estatal de VIH-Sida), la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC-CCOO), la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (Felgtb) y Trabajando en Positivo. La imposibilidad de que, en la actualidad, una persona con VIH pueda acceder a determinados puestos de trabajo públicos es, a juicio de GeSIDA, una postura “inconstitucional”, ya que vulnera “el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española”, tal y como detalla Antonio Rivero, presidente de este Grupo de Estudio.
Asimismo, tanto la OMS (Organización Mundial de la Salud) como la OIT (Organización Internacional del Trabajo) dejan claro que no se puede exigir a un trabajador o persona que vaya a ocupar un puesto de trabajo que se someta a la prueba del VIH o revele su estado serológico, hecho que supondría también una agresión a la intimidad personal y que vulneraría la Ley Orgánica 1/82.
Precisamente con el fin de que esta reivindicación gane en adhesiones y promueva una mayor concienciación social, desde GeSIDA se ha puesto en marcha una campaña en redes sociales que, bajo la etiqueta #ConVIHesposible, pone en conocimiento de la opinión pública la actual situación que padecen las personas con VIH a la hora de tratar de acceder a un puesto de trabajo o un servicio público.
