1. Según parece el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), presentará en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) de 21 de junio la propuesta de actualización del Plan Estratégico para el abordaje de la Hepatitis C (PEAHC). Dicho informe contempla la universalización del tratamiento con antivirales de acción directa a todos los pacientes con viremia positiva en cualquier fase de evolución. Esta propuesta es acertada, siempre que la indicación de tratamiento se base en fundamento científico. Pero lo que no es aceptable es que se paguen precios muy por encima del coste de fabricación y de investigación, como se está haciendo hasta hoy.
2. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas informa que hasta diciembre de 2016 se habían gastado en medicamentos para la Hepatitis C un total de 1.774 millones de euros. En el informe de actualización del PEAHC dice que se han tratado 66.777 pacientes hasta esa fecha. Por lo tanto, el gasto por paciente ha sido de26.566 euros. El coste de fabricación y de investigación de dichos medicamentos es mucho menor. En concreto, el coste de fabricación de Sofosbuvir, según diferentes estudios (Informe Wyden-Grassley; Andrew Hill et al), así como analizando los precios de medicamentos genéricos (OMS), se sitúa entre 50 y 150 euros. Con el gasto añadido de investigación, cuyos datos se recogen en el Informe Wyden-Grassley, se podría considerar razonable añadir un sobre-precio por tratamiento de 150 euros. Es decir, 300 euros en total por tratamiento. Pero como ya se han recuperado con creces los gastos de investigación en el primer año de ventas, ya no se justifica ese sobre-precio. Es decir, el SNS ha gastado por sobreprecio excesivo 1.740 millones de euros de más, lo cual es intolerable.
3. Al revisar el Plan Estratégico, el CISNS debe exigir al MSSSI una reducción drástica de los precios, a 150 euros por tratamiento, es decir, el coste de fabricación y un beneficio razonable de 10%.
4. En el Informe de Actualización de la Estrategia se recomienda tratar a 237.108 pacientes pendientes de tratamiento (tomando en cuenta el estudio de prevalencia de la Comunidad de Navarra). El informe no cuestiona los precios actuales, que ascenderían a una media de 10.535 euros por tratamiento, con un gasto total de 2.498 millones de euros.
5. El coste real de esos tratamientos, el precio justo, sería 150 euros por tratamiento y 35,57 millones de euros en total. Con un precio justo se puede erradicar la enfermedad y resolver un problema de salud pública, en España, en la Unión Europea y en el mundo, donde conviene no olvidar que cada día mueren 2.000 personas por esta causa.
6. El Informe de Actualización prevé tratar al ritmo de tratamiento actual a unos 21.550 pacientes por año, con lo que se tardaría en erradicar la enfermedad unos 11 años, con un gasto anual (con los precios excesivos actuales) de 227 millones. Con precios justos se podría tratar a todos los pacientes en un año, y se ahorrarían 2.462 millones de euros a los contribuyentes que podrían destinarse a otros fines del SNS.
7. Si se mantienen los precios abusivos actuales, se está derivando a beneficio empresarial injustificado un dinero que es necesario para atender muchas necesidades de salud no cubiertas.
8. Si no se corrige esta tendencia y se sigue aceptando la imposición de precios excesivos para los nuevos medicamentos, el Sistema Nacional de Salud no será sostenible.
9. Urgimos al CISNS a exigir una rebaja de precios inmediata o, caso de no aceptarse, a exigir al Gobierno la utilización de licencias obligatorias por causa de salud pública, permitiendo la fabricación y / o importación de genéricos, que se están vendiendo en otros países a 55 y 155 dólares por tratamiento, según datos de la OMS.
10. Así mismo, recomendamos que el CISNS impulse actuaciones coordinadas con otros países de la UE, en línea con la Resolución del Parlamento Europeo sobre acceso a medicamentos, de marzo de 2017.
Su objetivo es defender una Sanidad pública de calidad y para todos, donde está incluido el acceso justo a los medicamentos esenciales sin necesidad de poner en riesgo la existencia del Sistema Nacional de Salud.
