El director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, expuso el punto de vista de la industria farmacéutica sobre la regulación de los precios de los medicamentos en España, haciendo hincapié en que la forma en que se regule el procedimiento de financiación resulta importante no sólo para la industria, sino también para el Sistema Nacional de Salud (SNS), para los pacientes y para los profesionales, recalcando que uno de los mayores retos que tienen las sociedades modernas es el de cómo hacer compatible el acceso de los nuevos productos con la sostenibilidad presupuestaria.
Arnés defiende el establecimiento de un sistema de evaluación equiparable al que tienen los países europeos, que permita posicionar los nuevos medicamentos en función de lo que aportan y asignarles así el precio de financiación. Aseguró que la evaluación de un nuevo fármaco no es algo lineal, sino que responde a múltiples facetas, y que debe realizarse desde un punto de vista global socio-sanitario y no solo desde la perspectiva de la factura farmacéutica. “Nuestro sistema de salud no debe pagar ni un céntimo más de lo que realmente aporta un nuevo fármaco, pero tampoco el sistema de evaluación puede impedir el acceso a un mejor tratamiento por ahorrar ese céntimo”, concretó.
La industria farmacéutica aboga por un procedimiento de evaluación de medicamentos que implique dos fases bien diferenciadas: clínico-sanitario y económica. Arnés insistió en que la evaluación clínica, conocida como “Informe de Posicionamiento Terapéutico” (IPT), no debe basarse en consideraciones económicas sino situar al medicamento, en términos de eficacia y seguridad, en relación al resto de medicamentos existentes que comparten indicación y grupo. En cuanto a la segunda, la económica, señaló que debe establecer la eficiencia en términos de coste-efectividad del nuevo fármaco, así como su impacto en todo el presupuesto público y su aportación al conjunto de la economía.
Arnés opina que, en el actual contexto económico en el que se producen múltiples interacciones entre territorios, debe configurase una "cesta" con los precios de países de la eurozona (no rescatados ni sujetos a regímenes especiales o transitorios de propiedad industrial) para que el precio de financiación se sitúe en una horquilla en torno a la media de los estados incluidos en dicha "cesta".
También recordó que es el Estado el que tiene capacidad de fijar precios cuando los medicamentos son adquiridos y pagados a través del SNS, pero se mostró partidario de que aquellos medicamentos que se dispensen al margen del SNS se comercialicen al precio libremente fijado por el laboratorio, tanto dentro como fuera del territorio nacional, siendo sometidos a un régimen de precio notificado aquellos medicamentos excluidos de la financiación pública. FV
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